El anuncio del ministro de Energía, Jorge Bunster, de echar pie atrás en el “20-20” cayó como balde de agua fría al sector desarrollador de energía renovable no convencional.
De haberse aprobado esa norma, se obligaba al país a concretar inversiones por entre 1.500 y 3.000 MW en fuentes renovables en los próximos ocho años, pues en 2020 se haría exigible la obligación de que el 20% de la generación proviniese de algún tipo de fuente verde.
Es decir, se generaría un “boom” de proyectos, los que ya existen, pero que aún no logran concretarse. Pero eso, por ahora, no será. O en realidad sí, pero en menor magnitud, porque la meta será menos ambiciosa y a más plazo: 10% al año 2024, según la ley vigente y que el gobierno no pretende modificar.
Esta es sólo una más de las trabas que arrecian en el sector. La primera de ellas es el financiamiento. En rigor, el inconveniente es el siguiente: para poder prestar recursos, los bancos les exigen a los generadores contar con contratos de abastecimiento que aseguren que tienen a quien vender -y a buen precio- la energía que generarán.
Pero los requerimientos de las empresas son “24/7”, mientras que la energía eólica o solar son variables. Por lo mismo, salvo en el caso de licitaciones especiales (como las realizadas por Codelco, Collahuasi y Colbún) son muy pocas las empresas que consiguen colocar su energía mediante contratos, lo que ahuyenta a las instituciones financieras. Y frena el desarrollo eólico y solar.
Fuente: Pulso
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